De manera mayoritaria, el PSOE tuvo una tradición histórica centralista, para muchos hasta jacobina, si bien había reconocido la existencia de pueblos con identidad diferenciada que podían conseguir la autonomía, dentro de una única soberanía nacional. Como recuerda Guerra Sesma, en 1918 el catedrático y sucesor de hecho de Pablo Iglesias en el liderazgo del partido, Julián Besteiro, había apoyado la propuesta de la agrupación catalana de Reus que concebía España como una Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas. Esta resolución no había tenido consecuencias prácticas, produciéndose pocos años después la escisión de los socialistas catalanistas. Algunas otras agrupaciones del PSOE, sobre todo de la España periférica, se habían impregnado de una cultura federalista, que tendría un realce imitativo durante los años de la Segunda República. Dentro del llamado Estado integral republicano, la autonomía se concibió en buena medida como una concesión descentralizadora, más una excepción que algo generalizado para todas las regiones, un planteamiento compartido por el PSOE, que –no sin algunas reservas– apoyó la concesión de estatutos de autonomía para Cataluña en 1932 y el País Vasco y Galicia en 1936
La derrota republicana trajo consigo un reforzamiento del sentimiento patriótico entre los exiliados socialistas, que contemplaba los estatutos de autonomía republicanos como el máximo que se podía conceder a los nacionalismos. Aunque tras la muerte de Prieto fue recuperada en un congreso del PSOE en 1964 la fórmula de España como confederación republicana de nacionalidades, la cultura federalista fue mucho más algo externo al PSOE que impregnó a nuevas organizaciones socialistas, como el Moviment Socialista de Catalunya, el Frente de Liberación Popular o el Partido Socialista Galego. En cambio, la alternativa socialdemócrata del profesor Enrique Tierno Galván fue ajena al federalismo hasta la refundación del grupo como Partido Socialista Popular. Solamente, diez años después, con ocasión del Congreso de Suresnes el PSOE retocó su idea de España como “república federal de nacionalidades”, que podrían ejercer el derecho de autodeterminación, sin olvidar la autonomía de las regiones. Debe tenerse en cuenta que, además de tratar de integrar al neosocialismo representado en la Conferencia Socialista Ibérica, las federaciones vascas constituían el núcleo principal del PSOE clandestino, colaborando estrechamente con el nacionalismo vasco, que, para entonces, competía con una militante izquierda “abertzale”. Los planteamientos republicanos federales fueron refrendados por la Plataforma de Convergencia Democrática en 1975 y por el Congreso del PSOE en diciembre de 1976.
La lucha por la “liberación” de las nacionalidades se concebía como un elemento más del combate por la democracia frente al centralismo franquista e, incluso, como la forma de organización territorial de Estado dentro de la lucha del “pueblo trabajador” por la construcción de una sociedad socialista autogestionaria. Sin embargo, da la sensación de que para los principales dirigentes del PSOE renovado la cuestión territorial era un elemento central de la estrategia para alcanzar la hegemonía en la izquierda y, después de 1977 y hasta 1981, para llegar al poder. Hay que tener en cuenta que el PSOE ganó las elecciones de 1977 en territorios como el País Vasco, Cataluña, País Valenciano y Andalucía con crecientes sentimientos identitarios.
Como afirma Vega Rodríguez, no se puede decir que la postura de la dirección socialista fuera meramente oportunista, sino que sufrió una evolución en función de los avatares de la política de la transición. Un momento clave fue la reunión de Sigüenza de agosto de 1977, que reveló las divergencias del núcleo dirigente y de los intelectuales afines antes de la absorción de los nuevos grupos federalistas y/o nacionalistas. Alfonso Guerra tuvo dudas sobre si la política del partido debía impulsar a fondo la dinámica autonómica inclinándose inicialmente por mantener el principio federal dentro de una idea de autonomía para todos los territorios sin distinguir entre nacionalidades y “regionalidades”. El sector crítico, representado por Pablo Castellano y Luis Gómez Llorente, insistió en mantener el proyecto federal no sólo como principio, algo que Felipe González no consideró viable dentro de la “vieja dama” de la correlación de fuerzas en unas Cortes salidas de la ley para la Reforma Política. Los catedráticos de Derecho Político explicaron la contradicción entre el proyecto federal y la descentralización autonómica, y sus dudas sobre la diferenciación entre territorios. Al final, se impuso la sensibilidad de Peces Barba, apoyada por González, para apoyar la distinción entre nacionalidades y regiones, abandonando el federalismo salvo como aspiración.
El ponente constitucional incluso terminaría apelando retóricamente a la idea de España como nación de naciones, que defendía el dirigente de los miembros del PSOE en México, Anselmo Carretero, un federalismo historicista, que tenía ciertas concomitancias con el pensamiento regionalista conservador. Sin embargo, como ha estudiado Andrea Geniola, la idea de España de Carretero, que no distinguía entre nacionalidades y regiones, no fue aprobada en los congresos del PSOE en 1976 y 1979, sustituyéndose el derecho de autodeterminación por el apoyo al autogobierno de todos los territorios. El consenso constitucional aceptado por los socialistas terminó definiendo un modelo unitario descentralizado en el existía la unidad de una nación soberana, aunque plural al distinguir entre nacionalidades y regiones.
La contribución de otras formaciones de la izquierda parlamentaria al debate constitucional provino sobre todo del grupo comunista, que englobaba al PSUC, y que tuvo a Jordi Solé Tura como ponente constitucional. Solé, además de militar en el PSUC, provenía de formaciones de la nueva izquierda radical, como Frente de Liberación Popular y de Bandera Roja. Los catalanes Jordi Solé y Miquel Roca, quien también provenía del Frente de Liberación Popular, pero que, entonces, representaba al Pacte Democrátic de Catalunya, jugaron un papel decisivo en la introducción del término nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución. Como han recogido Carme Molinero y Pere Ysàs, para el ponente comunista, la declaración reflejaba el empate y la concordia entre dos ideas de España, aunque la misma no estuviera exenta de contradicciones.
Los grupos del PSC Congrés y los diputados del PSP y de formaciones socialistas periféricas confluyeron con el PSOE, con el que culminaron la unidad antes de la aprobación de la Constitución. La excepción fueron los diputados Letamendía, Barrera y Gastón, de Euzkadiko Ezkerra, Partido Socialista de Aragón y Esquerra de Catalunya, que defendieron el derecho de autodeterminación.
Pocos meses antes de la aprobación del texto constitucional se había producido la unidad socialista, absorbiendo al PSP y a una fracción de USO ligada a Reconstrucción Socialista, y a sectores de los socialistas valencianistas, aragonesistas y galleguistas. La única refundación propiamente dicha fue la del socialismo en Cataluña, que reunió a la federación catalana del PSOE, el PSC Congrés y el PSC Reagrupament, con predominio de los seguidores de los catalanistas Joan Reventós y Raimon Obiols. En apariencia, la entrada de estos millares de nuevos afiliados reforzó la cultura federalista en el seno del PSOE y tuvo influencia en la crisis del partido en 1979. En cualquier caso, el federalismo que incluyese el principio de la autodeterminación terminó siendo expulsado de las resoluciones de los partidos territoriales del PSOE como partido federal, con la notable excepción del Partit dels Socialistes Catalans (PSC-PSOE) hasta al menos la mitad de los años ochenta.
Hasta 1980, en gran medida como imitación de lo que ocurría en las nacionalidades históricas que habían disfrutado en el pasado de un estatuto de autonomía, las federaciones del PSOE en Aragón, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia e incluso Extremadura reivindicaron el acceso pleno a la autonomía, como establecía el artículo 151 de la Constitución.
La nueva dirección salida del congreso de septiembre de 1979, en el que Felipe González regresó a la secretaria general, pronto puso coto a buena parte de estas aspiraciones, dentro de la lógica de la escasa convicción federalista mantenida por el partido en el debate constitucional y la necesidad de armonizar el desarrollo autonómico. Sin embargo, paradójicamente, la larga estancia del PSOE en el poder y la consolidación del Estado de la Autonomías convirtió al partido en un “racimo de uvas” frente al modelo hipercentralizado del pasado.
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Hace unos meses, la UNED promovió el Congreso internacional “Nación y nacionalismo en la España de las Autonomías”, dirigido por Isidro Sepúlveda. Quizá sea este uno de los temas más transitados en los últimos años por la historiografía contemporaneísta, llegando a claras conclusiones que no tienen suficiente resonancia en el debate público.
En realidad, la idea de España de los socialistas ha ido evolucionando no sólo en el tiempo sino adaptándose a las peculiaridades de los diversos territorios autonómicos. En cualquier caso, la construcción del Estado de las Autonomías fue un aspecto central de la actividad política del PSOE durante los años de oposición a los gobiernos centristas de UCD hasta 1982 y después en la etapa de gobierno de Felipe González.
Es cierto que una parte de los dirigentes socialistas han tenido dificultad durante las últimas décadas para incluir la idea de España como nación en su discurso, sobre todo en las etapas de gobierno, como consecuencia de la apropiación del españolismo por la dictadura franquista y por la necesidad de competir con formaciones nacionalistas subestatales, como ha estudiado Carsten Humlembaek.
Hoy en día, el filósofo y político José Antonio Pérez Tapias e Izquierda Socialista defienden la idea del federalismo plurinacional, que no es lo mismo que la definición de España como nación de naciones, contenida en cierta manera en la Constitución de 1978 y que es invocada a veces por el PSC al mismo tiempo que defienden el carácter nacional de Cataluña. Sin embargo, el desarrollo autonómico fue más una descentralización, que fue homogeneizada con el transcurso de los años y los pactos autonómicos entre las fuerzas parlamentarias mayoritarias en 1982 y 1992. En realidad, el ensayista socialista exiliado en México, Anselmo Carretero, creía que España era una supernación que comprendía otras nacionalidades o naciones.
El PSOE de la transición evolucionó desde el neofederalismo a un autonomismo federalizante. En realidad, el federalismo plurinacional defendería que España es un Estado más que una nación y que comprende varias naciones o nacionalidades, lo que viene a ser lo mismo, por mucho que a menudo se reserve el término nacionalidad para las llamadas naciones culturales. Creo entender que los defensores de la plurinacionalidad coinciden con los federalistas de izquierda catalanes, que defienden un federalismo asimétrico.
El reconocimiento constitucional y estatutario de algunas naciones dentro de España no debería ser motivo de disputa, porque ya está ambiguamente reconocido en la Constitución de 1978, al señalar que España es una nación compuesta por nacionalidades y regiones. El problema, claro está, llega cuando los nacionalistas pretenden construir nuevos Estados, rompiendo la única soberanía nacional española.
Quizá la vía política para resolver este debate inacabable sería un acuerdo de abajo a arriba, entre las Comunidades Autónomas y el gobierno central, y la reforma de leyes como la de los referéndums, como ha destacado Santos Juliá. Creo que sería conveniente no tocar la definición de España en la Constitución de 1979, que fue fruto de un complicado consenso. Otra cosa más factible sería la reforma del Senado y especificar la personalidad de Catalunya, Euskadi y Galiza como nacionalidades.
En cualquier caso, a pesar del confusionismo teórico y de las contradicciones evidentes, la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo reformador entre las formaciones políticas parlamentarias quizá obligue al reconocimiento expreso de la plurinacionalidad manteniendo la afirmación de España como única nación-estado.
Abdón Mateos
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