Presentación
Represión, información y propaganda
El desarrollo de la historiografía sobre el franquismo durante los últimos años ha sido realmente espectacular. Uno de los temas estrellas ha sido, sin duda, la represión y la violencia asociada a la guerra civil. Del mismo modo, hoy en día el grado de conocimiento de la inmediata posguerra resulta más que aceptable. No se puede decir lo mismo al tiempo de la dictadura que se abre a partir de los años sesenta. En el caso del antifranquismo, incluido el exilio político, la historiografía ha dado grandes pasos durante las últimas décadas. Además de historias sobre la trayectoria de las diversas organizaciones políticas y sindicales, contamos con biografías de muchas personalidades opositoras, y análisis detenidos sobre la protesta social, básicamente obrera y universitaria. La disidencia de los intelectuales y el papel de la prensa periódica es igualmente bien conocido.
El maestro de historiadores, Javier Tusell, a menudo insistió sobre la necesidad de tener en cuenta de manera conjunta al régimen franquista y a su oposición. La naturaleza de la dictadura de Franco condicionó, lógicamente, las características del antifranquismo. En una de sus primeras obras, ganadora del Premio Espejo de España en 1976, La oposición democrática al franquismo, el profesor Tusell recorría la trayectoria del antifranquismo entre el final de la guerra mundial y 1962. No sólo trazaba la historia de las fuerzas republicanas, salvo el PCE, sino que incorporaba a su análisis las nuevas disidencias y fuerzas democráticas surgidas en España después de 1956. Además, el análisis estaba siempre atento al impacto del antifranquismo sobre la dictadura y la sociedad española. En este sentido, el peso dado en su libro a las conspiraciones de los monárquicos y a sus contactos con el exilio político y, por el contrario, la minimización del impacto de la guerrilla de la segunda mitad de los años cuarenta, encabezada por el PCE, pareció a muchos de sus lectores algo desproporcionado. Sin embargo, la relevancia para el futuro del proyecto político de una monarquía constitucional y la legitimidad democrática del exilio político justificaban plenamente el hilo conductor escogido por Javier Tusell.
El uso público del pasado antifranquista en la España democrática ha crecido espectacularmente desde 1996. No es que antes no se hubiera dejado de escribir centenares de libros, organizado exposiciones y celebrado conmemoraciones, pero durante la última década el pasado de la guerra y el franquismo ha regresado al debate político. Han proliferado, además, numerosas asociaciones de testigos y sus descendientes que piden una reparación y una conmemoración más activa. La relevancia del pasado del exilio y del antifranquismo en la sociedad durante la España democrática se puede constatar revisando la presencia de estos temas en el cine y la literatura de ficción a lo largo de estos últimos treinta años. Lo novedoso, en todo caso, es la existencia de políticas públicas hacia el pasado mucho más activas durante la etapa actual de gobierno de Rodríguez Zapatero. En general, se puede decir que la recuperación del exilio ha resultado más fácil para el conjunto de la clase política pues, además de poder ser considerada esta vivencia como una consecuencia de la guerra civil, la pérdida para España fue irreversible en muchos casos. Además, la dimensión cultural e intelectual de la actividad de la élite del exilio era fácilmente recuperable por las instituciones públicas.
El estudio de la confrontación entre la dictadura y el antifranquismo ofrece varias dimensiones principales. En primer lugar, hay que hacer mención de la represión, distinguiendo la represión de la guerra civil respecto a la persecución de la resistencia y disidencia posterior. Esto no resulta fácil pues en muchos casos los indultados de mitad de los años cuarenta fueron objeto de vigilancia y se vieron inmersos de nuevo en actividades clandestinas, lo que agravó las condenas. En todo caso, cabe realizar un primer balance de la represión contra el antifranquismo pese a la limitación de acceso a las fuentes primarias. Son conocidos ya los datos de persecución de la guerrilla que dejó un saldo de más de 25.000 víctimas entre muertos y detenidos, fueran guerrilleros o simples colaboradores. Del mismo modo, resulta conocida, en términos generales, el balance de la persecución llevaba a cabo por la Brigada Político Social durante la segunda mitad de los años cuarenta. Los boletines de la Dirección General de Seguridad, depositados en el Archivo Histórico Nacional, establecen un balance de más de 8.000 detenidos entre 1946 y 1951[1]. Sin embargo, este balance estadístico debe ser revisado al alza pues, por ejemplo, los 525 socialistas y ugetistas detenidos según esta estadística policial no concuerdan con el número de detenidos en diversas redadas para los que existen datos precisos. Es posible que en esta estadística solamente se consideraran los antifranquistas puestos a disposición judicial y efectivamente ingresados en prisión y no los detenidos gubernativos. Según la Dirección General de Prisiones el número de presos políticos en 1951 era de 5.796, una cifra que creció hasta los 6.394 en 1956. De estos presos, una parte considerable, precisamente la inmersa en la resistencia de posguerra, tenía pendiente todavía una condena de la jurisdicción militar. Efectivamente, según la misma Dirección General de Prisiones el número de presos políticos penados, es decir con condena, era en 1956 de 1.661 y de 1.925 en 1958[2]. Hay que tener en cuenta que, según el Foreign Office, a partir de datos oficiales, el número de detenidos en 1956 fue de 1.698 y que los condenados por tribunales militares en 1957, 1958 y 1959 fueron respectivamente, 723, 717 y 529[3].
Estas cifras nos señalan el tamaño del antifranquismo y de la protesta durante la segunda mitad de los años cincuenta, un período de pleno apogeo del franquismo pero también de renacimiento de las luchas sociales y de aparición de una nueva generación opositora sin vivencia de la guerra. Tenemos la evidencia de que unos mil antifranquistas fueron detenidos por año. Asimismo se puede afirmar que existía una cifra de 6.000 presos políticos (algunos todavía con responsabilidades procedentes de la guerra), de los que menos de una tercera parte había sido condenada por la justicia militar que, lentamente, emitía unas 700 condenas al año. Las condenas más habituales del Tribunal de Actividades Extremistas, presidido por el coronel Enrique Eymar, fueron de ocho años (por ejemplo, las de Julio Cerón del Frente de Liberación Popular en 1959 o la del joven dirigente del PSUC, Antonio Gutiérrez Díaz en 1963), de las que solían cumplir tres en prisión. En el caso de los socialistas, Antonio Amat, detenido en 1958 y con antecedentes de persecución política, estuvo en prisión algo menos de tres años: su proceso fue sacado de la jurisdicción militar y postergado hasta 1964, dando lugar a una pena de cuatro años. Estas condenas no tenían nada que ver con las de la inmediata posguerra o aún con las de los primeros años cincuenta. Por ejemplo, en febrero de 1954, once socialistas, encarcelados con motivo de la detención y muerte de Tomás Centeno en 1953, fueron condenados a sentencias de hasta 30 años de prisión en el caso de los inmersos en condenas previas y de 20, 15 o 12 años en los demás casos[4].
El último militante antifranquista ejecutado sin tener una vinculación directa con el activismo armado fue el antiguo exiliado comunista Julián Grimau, policía durante la guerra y miembro de organizaciones de ayuda a los refugiados, en 1963. Esta ejecución culminaba una actividad represora que durante los veinte años anteriores había llevado al paredón o al garrote a cientos de militantes del PCE y, en menor medida, de otras organizaciones, acusados de resistencia armada. Se puede decir que a partir de 1956 hubo tanto represión como control policial en el caso de la oposición no comunista o de la implicada en la resistencia armada. Hubo seguimiento informativo de las actividades opositoras, multas y otras sanciones pero muchos procesos judiciales terminaron siendo sobreseídos.
El número de presos políticos penados fue descendiendo durante los años sesenta a pesar del incremento de la protesta social y de la disidencia antifranquista. Aunque en 1962 fueron detenidas 2.438 personas (de las que 996 fueron huelguistas), el número de presos políticos condenados ese mismo año era de solamente 1.236 que, con el indulto de 1963, quedaron reducidos a 757. A partir de entonces el número de presos penados fue inferior a mil personas hasta 1974. Es cierto que las diversas causas o procedimientos judiciales del Tribunal de Orden Público (TOP) afectaron a 50.609 personas hasta diciembre de 1976, de los que fueron procesados 8.943[5]. Además, los estados de excepción de enero de 1969 o diciembre de 1970 dieron lugar a 735 –de los que algo menos de la mitad eran estudiantes– y 1.221 detenidos, respectivamente. Una cifra que seguramente sería mayor si tuviéramos en cuenta a los deportados. Las detenciones daban lugar a multas u otro tipo de sanciones en numerosas ocasiones pues, durante los años sesenta, el número de presos políticos condenados fue inferior al millar y el número de procesados por el TOP entre 1964 y 1971 fue menor de 5.000 antifranquistas. La jurisdicción militar siguió ocupándose de los delitos contra la “seguridad interior del Estado”, a menudo de terrorismo, por lo que únicamente durante los años centrales de la década de los sesenta no hubo consejos de guerra contra las actividades antifranquistas. En el caso del PSOE y de la UGT, en el bienio de 1969-1970 hubo todavía seis procesos con 48 encartados en el TOP que dieron lugar a sentencias de prisión de hasta cuatro años, en el caso de los inmersos en anteriores condenas tanto de la guerra civil como de posguerra, y de menos de dos años en el caso de la mayoría.
Hubo, claro está, otros expedientes represivos que afectaron a los protagonistas de la protesta social: pérdidas de matrícula o expulsión de la Universidad, en el caso de los universitarios; despidos, sanciones económicas, “listas negras” y desposesión de cargos sindicales electivos, en el caso del movimiento obrero.
Las relaciones entre la dictadura y el antifranquismo no se limitaron a la represión y el control policial sino que una parte fundamental de las mismas tuvieron un carácter informativo y propagandístico. La necesidad franquista de reconocimiento internacional, que neutralizara la carencia de legitimidad democrática y la denuncia exterior, hizo que las campañas de “cambio de piel” se acrecentaran desde los años sesenta. Como es conocido durante los años sesenta y setenta se crearon nuevos instrumentos de contrainformación como fueron el Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo[6], y el Servicio Especial del Ministerio de Presidencia. A menudo este seguimiento informativo trajo consigo contactos entre servidores de la dictadura y miembros de la oposición no comunista con el objeto de ir preparando el futuro posfranquista.
El expediente, titulado Dictadura y antifranquismo, reúne tres ensayos sobre las relaciones entre el franquismo y su oposición. El artículo de Pere Ysás se detiene, precisamente, en el impacto de la protesta social, destacando la repercusión del movimiento obrero sobre la dictadura en la medida que éste ponía en cuestión el orden social franquista y era absolutamente contradictorio con la naturaleza de la misma. Por su lado, Carmen González y Manuel Ortiz Heras utilizan los conceptos de control social y control policial para, a partir de la evidencia empírica del sureste español, de las provincias de Albacete y Murcia, realizar un amplio análisis de la naturaleza represiva y del afán de vigilancia de la sociedad que tuvo el franquismo. Por último, el ensayo “El impacto de la denuncia internacional y del exilio político” realza el papel de la deslegitimación exterior sobre la marcha de la dictadura. Quizá cabría haber incluido otros ensayos sobre la disidencia intelectual, la censura y la protesta universitaria, o sobre el impacto sobre la dictadura y la sociedad rural de la experiencia guerrillera.
Para el avance de la investigación histórica resulta necesario que las restricciones de acceso sobre los documentos de menos de medio siglo de antigüedad sean superadas para tener un mejor conocimiento de la represión contra el antifranquismo. Como historiadores, hacemos un llamamiento para que la ley de reparación de las víctimas del franquismo elimine esas restricciones en la consulta de expedientes personales de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que permitan el avance del conocimiento histórico, principal antídoto contra la desmemoria o la mitificación.
Abdón Mateos
[1] Véase HERRERÍN, Ángel, La CNT durante el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 155.
[2] Véase VINYES, Ricard, “Sobre la destrucción y la memoria de las presas en las afueras de la prisión”, Historia del Presente, 4 (2004), pp. 20-21.
[3] Véase PAYNE, Stanley, El franquismo. Apertura exterior y planes de estabilización, 1950-1959, Madrid, Arlanza, 2005.
[4] Véase MATEOS, Abdón, Exilio y clandestinidad, Madrid, UNED, 2003, p. 100.
[5] Las cifras en DEL AGUILA, Juan José, El TOP, Barcelona, Planeta, 2001, p. 260.
[6] Estudiado por YSÁS, Pere, Disidencia y subversión, Barcelona, Crítica, 2005.
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